SE APROBÓ SANCIONES PARA POLICÍAS QUE DEJEN DE PRESTAR SERVICIO

El proyecto fue convertido en ley con 194 votos a favor y 9 en contra. Penaliza a los miembros de las fuerzas de seguridad que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio.


La iniciativa fue presentada por el senador Aníbal Fernández (FpV) luego de los reclamos policiales en distintas provincias que culminaron con saqueos el año pasado.


La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), explicó que “lo que se hace con el abandono de servicio es grave, porque alguien que es el garante de la seguridad de la gente, lo que abandona es un servicio público”.

 

“Queremos dar una señal clara frente los ciudadanos que temen quedar en completa indefensión”, argumentó. Y agregó que es necesario que “todas las fuerzas de seguridad sepan que el servicio que ellos brindan es imprescindible, y abandonarlo puede significar un robo, hurto, muerte o asalto a un ciudadano”.

 

El texto, aprobado sobre tablas luego del debate sobre el PARLASUR, propone un agregado al artículo 252 del Código Penal para aplicar “sanciones e inhabilitaciones”. Así, incorpora penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, porteñas o de una agencia estatal armada, que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio o “maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”.

 

Las penas previstas en el texto van de 750 a 12 mil 500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, para aquel “funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”. Asimismo establece que el oficial “será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.

 

Además, “si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.