EXPTE. Nº 1.243.441/2007 - CTERA FORMULA MANIFESTACIÓN-IMPUGNA RESOLUCIÓN UNILATERAL DE LA PARTE EMPLEADORA EN LA COMISIÓN PARITARIAS

BUENOS AIRES, 7 de marzo de 2012.-

Sra. Secretaria de Trabajo y

Presidenta de la Comisión Paritaria

Nacional Docente.

Dra. Noemí Rial

S ------------------- / ---------------D.

 

De nuestra mayor consideración:


STELLA MARIS MALDONADO, en su calidad de Secretaria General de la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA REP. ARG. (C.T.E.R.A.) y Delegada Paritaria Titular por el Sector Sindical en la Paritaria Nacional Docente, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Ezequiel BUSTOS FIERRO, abogado, T° 32 F° 759 CPACF, ratificando el domicilio constituido en la calle Chile 654 C.A.B.A., en el expediente de referencia, a la Sra. Secretaria de Trabajo y Presidenta de las Comisión 

Paritaria Nacional Docente, dice:

 

I.- Que viene en legal tiempo y forma a impugnar en esta instancia la Resolución Nro. 229/2012 de fecha 5-03-2012, notificada a la Organización Sindical que represento, el 6-3-2012, dictada por una de las dos (2) representaciones que componen el Sector Empleador en la Paritaria Nacional Docente, es decir el Ministerio de Educación de la Nación, solicitándose a esa Autoridad de Aplicación de la Ley 26.075 (Art. 13 dec. 457/2007) declare la improcedencia y consecuente ineficacia jurídica de dicho acto administrativo, de acuerdo a las razones de hecho y fundamentos de derecho que seguidamente se exponen en el punto siguiente.- 


Asimismo, se peticiona en forma expresa que se cite a urgente audiencia de partes, en el marco de la Comisión Paritaria Nacional Docente que ha sesionado sin inconvenientes hasta la reunión del día 23 de febrero de 2012 y de acuerdo al contenido y alcances de la citada acta labrada en la oportunidad, a los fines de garantizarse el respeto de pautas elementales y básicas de vigencia de las prescripciones contenidas en el art. 10 de la Ley 26.075 y art. 14 bis de la Constitución Nacional.


II.- En consonancia con lo peticionado en el punto I, la Resol. 229/12 dictada por el Ministerio de Educación aludida, por medio de la cual se pretende en forma unilateral por parte del Sector Empleador de la Paritaria Nacional Docente la fijación del monto mínimo del Salario Docente para el cargo de maestro de jornada simple, además de constituir un acto improcedente por carecerse de competencia para la emisión de aquél y ser falso el derecho invocado –constituyendo una vía de hecho administrativa- dicho accionar de una parte de la representación de aquel sector, revela palmariamente un desprecio profundo y preocupante en grado sumo de una instancia democrática por antonomasia como lo es la Negociación Colectiva, que constituye un componente esencial de la Libertad Sindical en sentido colectivo, garantizada no solo en nuestra Ley fundamental sino en los Tratados y Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo de jerarquía supra legal, que la Nación Argentina está obligada a cumplimentar, más allá de toda duda o posicionamiento jurídico, a partir de la Jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “ATE c/Estado Nacional -. Ministerio de Trabajo de la Nación” dictado el 11.11.2008, en el que incluso se reconoce jerarquía constitucional a aquellos instrumentos, como es de conocimiento público.-

Infelizmente, la Resolución Nro. 229/12 del M.E. aquí impugnada, conforme se expresara supra, implica un desprecio profundo al mecanismo previsto en el art. 10 de la Ley 26.075, en función de lo que seguidamente se consignara, insertándose en sus considerandos apreciaciones que no tiene nada que ver con el objeto de las materias a negociar según la normativa descripta.-


En dicho orden de ideas, puede leerse en el primer párrafo de la mencionada Resolución, que: ”A partir de la transferencia de los servicios educativos a las Provincias, son éstas quienes tienen la exclusiva competencia en la regulación y administración en sus jurisdicciones de las condiciones salariales de su personal docente”, siendo parcialmente falaz dicha afirmación, constituyendo una media verdad, pues si existiera la mentada “exclusividad” carecía de todo sentido la fijación de un piso salarial mínimo que obligatoriamente corresponde determinar mediante el mecanismo del ACUERDO MARCO, de acuerdo al art. 10 de la Ley 26.075 y según Decreto 457/2007.-


Por eso, llama la atención que nuevamente, debamos abordar aquí un tema de indudable trascendencia y actualidad para los trabajadores de la educación y sus organizaciones docentes representativas frente a algunas conductas como las evidenciadas con el dictado de la Resol. 229/12 del M.E. que pretenden plantear la CARENCIA DE VIGENCIA de la norma jurídica por medio de la cual se estableció la Negociación Colectiva en el Sector Docente, prevista en el Acuerdo Marco que establece el art. 10 de la Ley 24.075, ya mencionado.

Como es sabido, el art. 10 de la Ley 24.075 dispone que: “El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) Condiciones laborales, b) Calendario educativo c) Salario mínimo docente y d) carrera docente".-


Indudablemente, la norma debe ser interpretada en el marco del contexto general del contenido de la citada Ley de Financiamiento Educativo y obviamente, a partir de los derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores del Sector Público, por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la República Argentina como Estado miembro, se ha comprometido respetar y aplicar.-


Lo sostenido en el párrafo anterior adquiere virtualidad frente a posturas aisladas como la evidenciada en la resol. 229/12 del M.E., que sin sustento jurídico alguno, intenta instalar como se ha dicho un proceder “de facto” de desconocimiento liso y llano de la Ley 26.075, desvirtuándose en consecuencia el sentido y alcance de la norma bajo análisis.-


Por otra parte, cabe señalar como derecho vulnerable el Art.67, inc. L de la Ley Nacional de Educación 22206, Derecho de los docentes “a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional”. En concreto y abordada escuetamente la descripción del contenido general de la ley de Financiamiento Educativo, es claro que el dispositivo prevé un aumento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales para alcanzar aquella en forma progresiva una participación del seis por ciento (6%) del P.B.I.


A los fines descriptos precedentemente, el art. 2 de la Ley 26.075 dispone el destino prioritario del incremento de la inversión en educación, entre los que se encuentran como objetivo el de "mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docentes inicial y continua" (Inc. i).


Por su parte, el artículo 1º de la Ley 26.075 dispone que el aumento de la inversión en educación, ciencia y tecnología entre el año 2006 y el 2010, tiene como finalidad el mejoramiento en la eficiencia del uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza, entre otros,partiéndose del rol estratégico de la educación.-


Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 26.075 se establece por cinco (5) años una asignación específica de recursos coparticipables, con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, mientras que el art. 9 de la norma crea el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con el objeto de contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquella provincias que, no obstante los esfuerzos financieros, no fuere factible superar tales desigualdades.-


Por último, el art. 11 de la Ley bajo análisis dispone que el Ministerio de Educación de la Nación conjuntamente con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, acordarán en el marco del Consejo Federal de Cultura y Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con los objetivos ya señalados insertos en el art. 2º, en tanto el art. 17 establece las atribuciones de la Cartera de Estado Nacional citada en primer término en el supuesto de incumplimientos en que incurrieren las jurisdicciones provinciales y/o la Ciudad de Buenos Aires.-


Como se observa de la breve referencia a algunos aspectos del contenido de la Ley en estudio, puede apreciarse sin esfuerzo que la misma debe ser analizada y aplicada en forma integral, insertándose el mecanismo previsto en el art. 10º de la norma, el decir el sistema de acuerdo con las organizaciones sindicales nacionales de los temas allí descriptos, como un elemento esencial para el cumplimiento de las metas que dan sentido y razón de ser al compromiso político asumido por el Estado Nacional y las Provincias, pero que a diferencia de las metas y pautas establecidas en los artículos ya comentados, carece de vigencia temporal en cuanto a su aplicación, por no haber sido prevista la misma por el legislador, como no podría ser de otra manera.-


En la misma línea de pensamiento, es obvio que si uno de los objetivos principales de la Ley 26.075 fue el de mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docentes inicial y continua" ( art. 2 Inc. i), tal circunstancia en modo alguno puede tener concreción si no se establecen en un convenio marco como el señalado en el art. 10º de la norma, las pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente, partiéndose de la base elemental de un criterio de evolución en el contenido de dicho acuerdo en función del transcurso del tiempo, como acontece obviamente, en la totalidad de los convenios colectivos de trabajo a partir de diversas renovaciones periódicas.-


Es evidente que a los fines descriptos en el párrafo anterior no puede en forma alguna soslayarse la participación de las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores de la educación, como pretende la resol. 229/12 del Ministerio de Educación al FIJAR UNILATERALMENTE EL SALARIO MINIMO DOCENTE DE $ 2.800 PARA EL MAESTRO DE GRADO, toda vez que aquellas, en función de la capacidad de nucleamiento de docentes que ostentan, precisamente constituyen una instancia fundamental para el logro de los fines propuestos, como ya se ha visto, sin perjuicio de analizarse los derechos constitucionales a los que se hará alusión que garantizan el derecho a la negociación colectiva en cabeza de las entidades gremiales.-


De modo tal que, según puede inferirse del claro texto de la ley 26.075, las Provincias se encuentran representadas en el Consejo Federal de Cultura y Educación, y es el dicho ámbito conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación que componen el Sector Empleador, en donde deben establecerse los mecanismos para el cumplimiento de los fines de aquella que se debe plasmar en el ACUERDO MARCO respecto de las materias que señala el art. 10º en relación a los trabajadores docentes, garantizando al mismo tiempo al cumplimiento de todos los objetivos previstos en el art. 2º (art. 11 ya citado) , entre los que se encuentran los derechos laborales apuntados (art. 2 inc. I).-


Desde la óptica indicada, la Ley 26.075 contiene una lógica de construcción jurídica impecable, toda vez que la misma parte de un presupuesto básico cual es imposibilidad por parte de las jurisdicciones de asegurar un sostenimiento adecuado del Sistema Educativo para lo cual el Estado Nacional compromete su participación en los recursos, observándose al mismo tiempo una ausencia de voluntad política a los fines de uniformar el citado sistema y dotarlo de los componentes que describe el art. 1º de la norma para alcanzar los objetivos previstos en el art. 2º de la misma.-


Bajo tales premisas, es evidente que si las provincias aceptan la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional y su sostenimiento en el tiempo, deben al mismo tiempo comprometerse con determinadas obligaciones y resultados, entre los cuales se encuentran las suscripciones sucesivas del Convenio Marco a que se refiere el art. 10 de la Ley 26.075, por intermedio del Consejo Federal de Cultura y Educación, pues de otra forma es claro que resultaría materialmente imposible el logro de los fines propuestos en la norma.-


En tales condiciones, es notoria la ausencia de vulneración al principio de autonomía de las Provincias, en la medida que tal principio debe ser analizado a la luz de la vigencia de las instituciones políticas que aquellas tiene la capacidad de darse para sí, de acuerdo a lo prescripto por el art. 5 de la C.N., pues con el criterio opuesto, no se podría sancionar ninguna legislación Nacional en materia educativa y mucho menos una norma como la Ley 26.075, en tanto y en cuanto cualquier ley que estableciera los contenidos de la educación y los recursos para financiar el sistema, sería pasible de ser impugnada bajo la faz de vulnerar la autonomía de la provincial, criterio que no resiste el menor análisis, en la medida que La Nación está obligada al dictado de la norma (art. 75 inc. 19 C.N.), tal como lo ha hecho en el aspecto de la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, ni de los educandos ni de los educadores.-


Por eso resulta sorprendente que una Ley Sancionada por el Congreso de la Nación como la Ley 26.075, sea vulnerada tan groseramente por la Resol. 229/12 del M.E. aquí impugnada, que implica ni más ni menos la total transgresión al art. 10 de aquella norma, la cual como se ha dicho repetidamente, garantizada la Negociación Colectiva para el Sector Docente a Nivel Nacional a partir del Acuerdo Marco que allí se indica.-

En tales condiciones, asoma patente la falacia que contienen los considerandos del acto atacado aludido en el párrafo anterior, en la medida que en el acta del 23 de febrero de 2012 labrada en el marco de la PARITARIA NACIONAL DOCENTE en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL DE LA NACION, , LAS PARTES DE LA NEGOCIACION, es decir el SECTOR DOCENTE QUE INTEGRA MAYORITARIAMENTE LA C.T.E.R.A. y el SECTOR EMPLEADOR, conformado por el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION y el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION, quedaron en el compromiso escrito, firmado y público de contar con una nueva REUNION en el mismo ámbito, es decir el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL DE LA NACION, debiendo comunicar la fecha y hora de dicha audiencia.-


El acta en cuestión, NO DEJA NINGUN LUGAR A DUDAS que de acuerdo a lo acordado y firmado entre las partes, debía haber una nueva instancia a los fines de promoverse la NEGOCIACION COLECTIVA y eventualmente, arribarse a un acuerdo u otra forma de resolución del conflicto de intereses, que el sentido común y el respeto elemental por la vigencia y operatividad del art. 10 de la Ley 26.075, indican que una parte en la negociación como lo es el Sector Empleador, carece de atribuciones para el dictado unilateral de una decisión que debe ser fruto de la autonomía colectiva, como lo es la determinación del salario mínimo docente garantizado como piso nacional.-


Dicha premisa que es inteligible hasta para un lego, parece no haber sido advertida por el MINISTERIO DE EDUCACION, quien en su afán de violentar los derechos de los trabajadores de la Educación y sus Organizaciones Sindicales, no vacila en intentar ponerle una lápida a la garantía constitucional de NEGOCIAR COLECTIVAMENTE, que poseemos los decentes como atributo de nuestra dignidad y por la cual hemos luchado en forma más que prolongada, muchas veces en soledad, durante dictaduras y “democracias tuteladas”, acciones que posibilitaron en gran medida la adquisición en su momento de la conciencia social necesaria por parte de los gobiernos posteriores al año 2003 para plasmar normativamente las conquistas alcanzadas en materia educativa y otras por nuestro pueblo, del cual nos sentimos orgullosamente parte.-


Obsérvese Sra. Presidenta de la Paritaria Nacional Docente que tan evidente y grosera es la ausencia de atribuciones y competencia por parte del SECTOR EMPLEADOR para fijar unilateralmente el SALARIO MININO DOCENTE GARANTIZADO, que en los considerandos de la Resol. 229/12, que luego de aludirse al supuesto fracaso de la paritaria en la reunión del 23-02-2012, se consigna sin ruborizarse que:” Por las razones expuestas y conforme la normativa vigente (sic) se debe fijar el monto correspondiente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o su equivalente en horas cátedra”.-


Es obvio que si existiera la “normativa vigente” que diera sostén jurídico y validez al acto emitido, cualquier Resolución –aún la confeccionada en tiempo record como la que nos ocupa- no vacilaría en citar el artículo y la ley, Decreto u otro acto administrativo, del que surgiera la potestad para actuar en el sentido indicado, siendo por demás evidente que la omisión no ha sido fruto de la celeridad sino por el contrario de la INEXISTENCIA DE FUENTE JURIGENA ALGUNA QUE CONVALIDE EL ACCIONAR UNILATERAL DEL SECTOR EMPLEADOR en la PARITARIA NACIONAL DOCENTE, a los fines indicados.-

Tampoco como es obvio también, ninguna atribución surge de la Ley de Ministerios ni de las Leyes 26.206 y 26.075, para que el Sr. Ministro de Educación dicte el acto que aquí se cuestiona. Cualquier análisis honesto y desinteresado, arribaría a la conclusión precedente.-


En consecuencia, careciendo de toda competencia el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION para fijar por sí y ante sí, el monto del salario mínimo docente, guarismo que no viene precedido de estudio técnico de ninguna clase que avale aunque sea de alguna manera la cifra determinada, la ilegalidad del acto asoma ostensible, palmaria y manifiesta, debiendo ser dejada sin efecto la Resolución en crisis mediante la garantización en este ámbito de los mecanismos pertinentes del ACUERDO MARCO previsto en el art. 10 de la Ley 26.075 y Decreto 457/07, a tales fines, pues lo contrario sería convalidar abiertamente la transgresión a la normativa apuntada, careciendo una de las partes de la NEGOCIACION como lo es el SECTOR EMPLEADOR para DEROGAR DE FACTO LA VIGENCIA DE UNA LEY SANCIONADA POR EL CONGRESO DE LA NACION y de un DECRETO REGLAMENTARIO de aquella, dictado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, pues lo contrario implicaría transgredir abiertamente el art. 31 de la Constitución Nacional que establece la jerarquía de la leyes y desconocer la competencia del Estado Nacional para consagrar la negociación colectiva en el Sector Docente.-


Según lo antes mencionado, desde otro ángulo de análisis, se aprecia que el Estado Nacional se encuentra obligado a garantizar a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo (art. 14 bis de la CN) siendo claro para nosotros que la redacción del art. 10 de la Ley 26.075 implica la instauración de un mecanismo de negociación colectiva de naturaleza permanente que tiene como resultado alcanzar o mejorar el contenido de un Acuerdo Marco cuyo objetivo está dado por las materias que son objeto de negociación de aquél plasmadas en el Decreto 457/07.-


En dicho contexto, una Ley Nacional como la Ley Nacional de Educación Nro. 26.206 que impone a las Jurisdicciones Provinciales el deber de negociar colectivamente con los trabajadores de su administración (art. 67 inc. I) al consagrar como derecho de éstos últimos el de negociación colectiva por cada jurisdicción, no puede en modo alguno ser cuestionada, de la misma forma que no puede ser cuestionada e inaplicado el art. 10 de la Ley 26.075 a nivel Nacional en cuanto establece el mentado “ACUERDO MARCO”, no sólo porque la jurisdicción provincial esta obligada a satisfacer tal derecho de los gremios de base de sus jurisdicciones sino porque al mismo tiempo el Estado Argentino es garante del cumplimiento de los Convenios Internacionales que tienen jerarquía superior a la leyes, en virtud de lo previsto por el at. 75 inc. 22 de la C.N., entre los que se encuentran los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en el caso los nros. 87, 98, 151 y 154, esté último sobre fomento de la negociación colectiva en el Sector Público.-


Por último, en un enfoque no menor, las organizaciones sindicales gozan de la denominada autonomía colectiva en función del respeto por el principio de libertad sindical que consagran los convenios internacionales aludidos y el ya citado art. 14 bis de la C.N., en cuyo contenido se encuentra el derecho a negociar colectivamente (art. 5, 31 y concordantes de la Ley 23.551), siendo un verdadero contrasentido lógico que los trabajadores de la educación vean eventualmente suprimido un derecho humano tal elemental, cuando no existe limitación alguna en ninguno de los artículos de la Ley 26.075 por medio de la cual se disponga ni en forma expresa ni implícita alguna restricción temporal al citado art. 10 de la norma, no contiendo tampoco recaudo alguno en tal sentido el Decreto 457/07 Reglamentario de la misma, como no podría ser de otra forma, pues de haberse previsto lo contrario, dicha norma sería manifiestamente inconstitucional.-


Como se observa claramente, Sr. Presidente, en virtud de lo normado por el art. 10 de la Ley 26.075 el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION conjuntamente con el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION, conforman la VOLUNTAD DEL SECTOR EMPLEADOR en la paritaria docente nacional y de esta forma ambos organismos han comparecido en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL DE LA NACION, en el marco del Expediente Administrativo Nro. 1.243.441/07 del registro de dicha Cartera de Estado, celebrándose los respectivos acuerdos correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 con las Organizaciones Sindicales del Sector.-

De modo tal que es evidente, que es el propio órgano interjurisdiccional, es decir el Consejo Federal de Educación y el MINISTERIO DE EDUCACION, quienes en el cumplimiento del art. 10 de la Ley 26.075 han comparecido en la condición aludida y aceptado sin restricción ni reserva alguna, el rol que le asignara la normativa como representante del Estado Empleador, siendo por ende obvio que una de las partes de una negociación colectiva no puede en consecuencia, establecer de modo unilateral la regulación que habrá de operar y mucho menos careciendo de toda competencia funcional como se ha visto.-


En consecuencia, es obvio que se encuentra vulnerado en la resolución el crisis el derecho a la negociación colectiva, toda vez que además de lo apuntado, la violación a la normativa prevista en el art. 10 de la Ley 26.075 asoma notoria a poco que se analice que una de las materias a acordarse con el SECTOR SINDICAL es entre otras, la referida al CALENDARIO EDUCATIVO.-


La Resol. 229/12 del M.E. constituye un verdadero acto de lesión a la libertad sindical por parte del empleador y concretamente al Convenio Nº 87 de la O.I.T., ratificado por nuestra nación el 18-01-60, en tanto intenta DEROGAR EL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTVA en el SECTOR DOCENTE a nivel Nacional, específicamente, lo acordado en el Art. 3: "1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".-


III.- Que en atención al estado de las presentes actuaciones y en función de las claras prescripciones contenidas en el Decreto 467/07 (art. 13) se solicita a esa Autoridad de Aplicación de la Ley 26.075, designe urgente audiencia de partes a los fines de la prosecución de la Negociación Colectiva en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente establecida en el art. 10 de la Ley 26.075, bajo apercibimiento en caso de negativa de la articulación de las acciones judiciales correspondientes.-


IV.-PETITORIO:

Por todo lo expuesto, de la Sra. Secretaria de Trabajo y Presidenta de la Comisión Parita Nacional Docente, solicitan:


1º) Se haga lugar a la presentación efectuada, declarándose la improcedencia de la Resol. 229/12 del M.E.


2º) Se proceda a la designación de urgente audiencia de partes a los fines de la prosecución de la negociación colectiva en el marco de la Paritaria Docente Nacional.


Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.-